La digitalización de la Administración ha mejorado la eficiencia de muchos trámites, pero también ha generado una nueva forma de exclusión para quienes no dominan las herramientas tecnológicas. Para muchas personas mayores, gestionar una pensión, solicitar el reconocimiento de dependencia, pedir una plaza en una residencia pública o acceder a información sanitaria y social se ha convertido en un proceso difícil o directamente inaccesible.
El problema no es solo tecnológico, sino también jurídico y social. Cuando una persona no puede completar un trámite porque no tiene certificado digital, no sabe usar una sede electrónica o no dispone de apoyo suficiente, sus derechos existen sobre el papel, pero no llegan a ejercerse en la práctica. Esta situación afecta especialmente a mayores de 65 años y se agrava a partir de los 75, donde la falta de uso de internet y de competencias digitales es mucho más elevada.
Barrera digital de la Administración
La experiencia de EmancipaTIC, en colaboración con la Clínica Jurídica Pro Bono de la Universidad CEU San Pablo y bajo la supervisión de Deloitte, muestra que muchas consultas de personas mayores sobre dependencia, discapacidad, jubilación o pensiones no nacen de una falta de derechos, sino de la dificultad para acceder a los procedimientos que permiten hacerlos efectivos. La barrera está en la forma en que la Administración comunica, canaliza y exige la tramitación digital advierte un artículo elaborado por la Clínica Jurídica Pro Bono.
Por ello, una digitalización verdaderamente inclusiva debe combinar innovación con garantías. Las administraciones deben mantener canales presenciales y telefónicos accesibles, además de invertir en alfabetización digital específica para personas mayores. El reto no es solo que los servicios públicos sean más ágiles sino accesibles para todos.
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